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El CERMI ha exigido que se proceda, de forma sin dilación a la transposición de la Directiva (UE) 2019/882. Así lo han manifestado distintas personas expertas del entorno CERMI durante la celebración de un seminario virtual sobre “la transposición al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 de accesibilidad a productos y servicios”.
En el transcurso del seminario, que el CERMI ha organizado con el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha tenido lugar la ponencia sobre la Directiva (UE) 2019/882 y la regulación nacional pendiente de accesibilidad a bienes y servicios que ha ido de la mano del presidente del CERMI Comunidad de Madrid y asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral Ortega.
A lo largo de su intervención, Moral ha expuesto el recorrido que ha hecho el CERMI durante el proceso judicial para reclamar la regulación reglamentaria del acceso a los bienes y servicios. Sin embargo, el Gobierno aún sigue sin desarrollar esos mandatos legales. Moral ha recordado que la ley obliga a evitar discriminaciones directas e indirectas contra personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad.
En este sentido, ha abogado por un “reglamento contundente, claro, y eficaz”, y ha señalado que, tras la sentencia, “le corresponde al Gobierno aprobar este reglamento, contando siempre con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad”.
Otra de las personas expertas que ha participado en el seminario es el doctor ingeniero y profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid, Miguel Ángel Valero Duboy, quien ha planteado una ponencia sobre las oportunidades para la accesibilidad TIC de la transposición de la Directiva (UE), y en la que ha enfatizado la necesidad de garantizar una accesibilidad real y universal en todos los entornos, digitales y físicos.
Valero ha explicado que la accesibilidad consiste en garantizar que los servicios se puedan utilizar de forma satisfactoria, independientemente de las ayudas técnicas que se requieran en cada caso. “Hay webs a las que podemos acceder con herramientas de apoyo, pero luego no la podemos utilizar sin esa herramienta. Eso no es accesibilidad real”, ha señalado.
Además, Valero, ha afirmado que “no solamente es asegurarse de que se pueda acceder a la información de la web, sino que se trata de que la información y el uso del producto sea intuitivo”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de incorporar la accesibilidad desde una visión universal, para garantizar la accesibilidad en todos los sentidos.
De hecho, para Ángel Valero este es el momento y el lugar oportunos para trabajar con ahínco en la accesibilidad, “porque actualmente estamos asistiendo a una transformación digital”. También, ha mencionado la importancia de adoptar un enfoque “sostenible y escalable”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Navarra y Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Javier Miranda Erro ha aportado orientaciones para el proceso legislativo español de transposición de la Directiva.
En referencia a esta Directiva y a la sentencia emitida por el tribunal de justicia, Javier Miranda ha explicado que la normativa establece que las directivas se deben cumplir a plazo. “Si no se cumplen los plazos podría dar lugar a la apertura de un proceso contra el estado infractor, y el Gobierno español está incumpliendo estos plazos” ha aseverado.
Para Miranda, la Directiva es un instrumento armonizador de la legislación interna de los Estados, pero la eficacia de esta solamente puede tener lugar “mediante una trasposición adecuada dentro de los plazos establecidos”. No obstante, en el caso de España “la eficacia en materia de accesibilidad es muy débil”, ha afirmado.
Al finalizar la jornada, se han formulado recomendaciones y sugerencias de acción. Por último, la clausura del seminario virtual ha corrido a cargo del delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez; y de la directora Ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino.
En este sentido, Gregorio Saravia ha resaltado que la transposición de esta Directiva “es clave para la garantía y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ya que permite que la sociedad sea más inclusiva y facilita su autonomía”. “Estamos ante una cuestión de Derechos Humanos” ha enfatizado.
