La violencia y los abusos forman parte de la biografía de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual.

Los relatos de las mujeres con discapacidad intelectual nos muestran el continuum de violencia a lo largo de sus vidas. Según el estudio ‘La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual’, el tratamiento de la violencia sexual hacia las mujeres con discapacidad no ha de ser visto como un hecho aislado, sino como un fenómeno estructural que impregna y se manifiesta en todos los ámbitos. Muchas de las entrevistadas recuerdan que tuvieron una infancia complicada en un entorno que no las protegía ni cuidaba. De soledad y acoso escolar.

La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, refleja que este informe es “el primero que se realiza en nuestro país para analizar la situación de las mujeres con discapacidad intelectual”, a la vez que subraya que ha permitido “elaborar un marco de propuestas a las administraciones para implantar medidas de protección a las mujeres y niñas con discapacidad intelectual”.

Por su parte, la responsable del Programa de Mujer de Plena inclusión España, Rosa Pérez, destaca la importancia de que “por fin” existan datos sobre este colectivo, además de mostrar que “las mujeres con discapacidad intelectual son muy vulnerables y víctimas de abusos sexuales y de otro tipo sobre todo desde su entorno más íntimo y cercano: sus cuidadores, familiares, celadores, las personas de apoyo, etc.”

‘La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual’ refleja que muchas niñas y mujeres jóvenes con discapacidad intelectual carecen de los conocimientos necesarios para protegerse de los abusos sexuales, los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, y no están equipadas para tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo, salud y vida.

La autora del informe y consultora de la Fundación CERMI Mujeres, Esther Castellanos, resalta que “con este primer estudio se pone en evidencia que la violencia sexual está en todos los entornos cercanos de las mujeres con discapacidad, así como que estas necesitan formación en educación sexual, como también –para prevenirla– familiares y profesionales”.

“Una de las mayores vulnerabilidades es la prostitución y la trata”, añade la autora. De hecho, en el informe se describen terroríficos casos en los que mujeres con discapacidad intelectual narran cómo fueron prostituidas desde su entorno más cercano. En otros casos, cuentan cómo sufrieron agresiones sexuales por parte de personas que eran de su completa confianza.

Los resultados de la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 evidencian que las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en una mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%), siendo también mayor el porcentaje entre las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad, frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad).

Castellanos añade que “el 23,4 de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja. Además, entre las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia fuera de la pareja, el 14 % afirma que esa discapacidad es consecuencia de los episodios de violencia sexual. Por otra parte, un 4,7% de mujeres con discapacidad han sido violadas por una persona distinta a su pareja o ex pareja frente al 2% de las mujeres sin discapacidad”. Son cifras terribles que demuestran la violencia aumentada que sufren estas niñas y mujeres.

La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres precisa que “la violencia sexual con las mujeres con discapacidad, y más concretamente con discapacidad intelectual, es uno de los temas más tabú que todavía existen”. En su opinión, “estas mujeres tienen una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia sexual” y, por ello, destaca la importancia de que se implementen medidas desde las administraciones públicas y desde la justicia para garantizar la protección a este colectivo.

En este sentido, el informe recuerda que estas mujeres se enfrentan a una serie de barreras adicionales a la hora de denunciar o buscar ayuda formal. Además, subraya que tanto la Policía como el Poder Judicial no suelen están formados para actuar adecuadamente en casos en los que una persona con discapacidad participa como víctima, acusada o testigo. Tampoco cuentan con los apoyos necesarios para denunciar y participar en el proceso, vulnerándose su derecho a tener ajustes de procedimiento.

La situación se agrava porque muchas niñas y mujeres jóvenes con discapacidad intelectual carecen de los conocimientos necesarios para protegerse de los abusos sexuales, los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, según se refleja en el informe. Además, muchas de estas mujeres están expuestas regularmente a prácticas como la esterilización forzada (que no se excluyó de nuestro ordenamiento jurídico hasta 2020), la anticoncepción o los abortos forzados.

El estudio también muestra “la relación directa entre la frecuencia de la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad intelectual y la falta de información y educación sexual”.  Por ejemplo, si a una persona le ofrecen asearse y no tiene información sobre lo que –verdaderamente– le están haciendo, si la información no está adaptada a su nivel cognitivo, no sabe diferenciar si es abuso o aseo.

“Numerosas mujeres con discapacidad intelectual víctimas de la violencia o abusos lo son sin ser conscientes de ello”, advierte Pérez. Según el informe: “Suelen confiar más en desconocidos y presentan más dificultades para discriminar estas conductas. A menudo, no tienen ni siquiera consciencia de anormalidad en lo que viven a diario. En casos de víctimas con discapacidad intelectual, la intimidación o amenaza se ve ajustada a la propia capacidad de entendimiento de la víctima. Es decir, el temor que quiere provocarse en la víctima es el adecuado a sus posibilidades de comprender el miedo. Por ejemplo, una amenaza como dejarla sola de noche en el campo, sin que tenga la posibilidad de volver por sus propios medios a no ser que haga lo que el agresor le pida, es suficiente; lo mismo sucede ante advertencias de que no conseguirá alguna cosa que para otra persona sería prácticamente irrelevante (chucherías, por ejemplo)”.

Ante estas situaciones, una de las principales conclusiones que establece el informe es que las mujeres con discapacidad intelectual que denuncian que han sufrido violencia sexual necesitan ser creídas y acompañadas para reparar el daño.

El informe también muestra algunas propuestas para la detección y la prevención de la violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual. Entre ellas, destaca implementar un protocolo de atención integral a las víctimas en todas sus manifestaciones (prevenir, detectar, atender y reparar el daño), un plan de formación dirigido a las mujeres, a las familias y al conjunto de profesionales que intervienen en la atención (policía, personal sanitario, trabajo social, judicatura, etc.), así como campañas de concienciación y talleres de empoderamiento para prevenir abusos sexuales.

Además, establece la necesidad de que los materiales informativos destinados a prevenir la lacra de la violencia estén adaptados, así como la necesidad de coordinar las actuaciones de los equipos y programas que faciliten la atención a las víctimas de violencia sexual, y de las organizaciones que realizan su actividad junto a las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Por último, el estudio subraya la necesidad de elaborar nuevos estudios en profundidad sobre esta violencia, los cuales servirán “de base para elaborar políticas públicas de prevención y atención”. 

En este sentido, Caballero hace hincapié en la falta de estadísticas e informes concretos sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. “Pedimos que las estadísticas oficiales siempre incluyan el indicador de discapacidad. Por ejemplo, en la macroencuesta del año 2015 y en la última del año 2019 volvemos a ver que el tema de la discapacidad se trata de manera marginal. Solo el 5% de las mujeres que se entrevistan tienen discapacidad, y eso no nos sirve para sacar conclusiones que sean realmente representativas”.